Marruecos en los tribunales españoles

Breica vs Ghali

     Tras el archivo de la causa por genocidio, la Audiencia Nacional ha archivado la querella que Fadel Breica interpuso contra Brahim Ghali por presuntas torturas, durante 6 meses, en una cárcel secreta en los campamentos de Tinduf.

    Después de que los testigos que el demandante propuso no pudieran confirmar su historia, el magistrado considera que “de las diligencias practicadas no pueden seguirse indicios racionales de criminalidad en relación a los hechos investigados respecto de la comisión de los delitos imputados”, por lo tanto, no se han hallado pruebas de que “Brahim Ghali ordenara o participara en orden a menoscabar la integridad del querellante”. Este archivo hace que el sumario se eleve, ahora, a la Sala Penal de la Audiencia Nacional, que será quien decida su archivo definitivo o la continuidad del proceso.

    A raíz de la estancia de Brahim Ghali en España para ser tratado de Covid19 en un hospital de Logroño, el CNI elaboró un informe al que tuvieron acceso periodistas de El País en el que se afirmaba que la ofensiva judicial que se alentó con su presencia en España fue promovida por el régimen marroquí con el fin de “acosar” a Gali y “dificultar su movilidad”, así como “crear un estado de opinión en la prensa [española] afín a sus intereses”. Cuando se conocieron estas informaciones, la defensa de Ghali pidió que se incluyeran a la causa considerando que "acreditarían, entre otros extremos, los motivos espurios y la finalidad fraudulenta que impregnan el presente procedimiento".

    Fadel Breica, uno de los miembros fundadores del movimiento Saharauis por la Paz, una “pantalla de los servicios secretos marroquíes”, recibe, según el CNI, "sus únicos ingresos" de la DGED (Dirección General de Estudios y Documentación), el servicio de inteligencia exterior que depende de las fuerzas armadas marroquíes.

    Muchos expertos han apreciado en la cuestión de Brahim Ghali un pretexto para presionar a España y a la Unión Europea para que modifiquen su postura sobre el Sahara Occidental, aproximándose al reconocimiento que hizo Donald Trump. No obstante, la claridad del Derecho Internacional impide que el Gobierno pueda llegar a ese extremo y lo más que puede lograr es un pleno apoyo a su plan de autonomía, como así lo ha conseguido. Fuentes diplomáticas, apunta El Confidencial, hablan de que los pulsos de Marruecos a España son algo habitual, ya que esa es su “manera tradicional de hacer política exterior”. Además, la exministra de Exteriores, Arancha González Laya, ha llegado a afirmar que “todo sirvió en la crisis con Marruecos: escuchas, denuncias y campañas de prensa”

Sahara Occidental en la COP27

     Más de 133 organizaciones, entre las que se encuentra SaharawisToday, han participado en la campaña de comunicación, #COP27WesternSahara, que ha acompañado la presencia de dos representantes de la sociedad civil saharaui en Egipto para denunciar el lavado verde o greenwashing que realiza Marruecos con proyectos relacionados con la energía renovable y que se construyen en los territorios ocupados del SaharaOccidental.

Esta acción de sensibilización y denuncia se ha llevado a cabo en las redes sociales gracias a todas estas organizaciones que, también, han contado con el apoyo de medios de comunicación y de buena parte de la sociedad civil saharaui que se encuentra, tanto en los Campamentos de refugiados saharauis, como en los Territorios Ocupados y la diáspora.

Marruecos vs Ignacio Cembrero

     Esta semana, Ignacio Cembrero acude a los tribunales en el cuarto intento que hace Marruecos para inculpar judicialmente al periodista, especializado en el Magreb y Oriente Medio.

    Marruecos, a través de su abogado en España, Ernesto Díaz-Bestién (quien defendiera a Pinochet en 1998), acusa a Cembrero de “jactarse sin pruebas” de ser víctima de un espionaje por parte del régimen marroquí a través del software Pegasus, lo que ha causado “perjuicios al país a nivel diplomático y económico”. Tras el archivo de las tres causas anteriores en su contra, en esta ocasión, el régimen marroquí ha demandado al periodista “por acción de jactancia” con lo que se pretende “que no se hable de una cuestión controvertida que puede perjudicar a un tercero mientras haya una situación de incertidumbre”. Así, Díaz-Bestién sostiene que "el demandado se ha situado jurídicamente en la obligación de probar que el Reino de Marruecos es responsable del supuesto espionaje o, por el contrario, de desdecirse o retractarse".

   Según recoge el comunicado de Reporteros sin Fronteras, Ignacio Cembrero recibió la llamada telefónica del equipo de Forbidden Stories, que le informó sobre la aparición de su número de teléfono en la lista de objetivos del programa malicioso “Pegasus” por parte de las autoridades marroquíes. (…) El principal objetivo en el caso del periodista español era, según le explicó su interlocutor, y sin perjuicio de otras intromisiones, hacer una copia de su agenda de contactos; una codiciada lista en la que figuran altos cargos, miembros del Gobierno español, diplomáticos, activistas, refugiados y exiliados marroquíes. Además de estas investigaciones, un informe del Parlamento Europeo, también aprecia numerosos indicios de que sea Marruecos quien esté detrás del espionaje aunque, como afirma el propio Cembrero, va a ser difícil llegar hasta el culpable.

     Diferentes organizaciones de periodistas, como la Asociación de Prensa de Madrid (APM), Reporteros sin Fronteras (RSF) o la Red de Colegios Profesionales de Periodistas han hecho públicos sus comunicados de apoyo en los que, además de criticar el ataque constante “a las libertades de expresión y de prensa, sea en territorio marroquí, en el Sahara Occidental ocupado o contra profesionales que informan sobre el país en el exterior”; también reclaman a las autoridades españolas “que actúen por los canales oportunos para defender el derecho a la libertad de expresión de los periodistas de nuestro país cuando esta se ve atacada por dirigentes de otros Estados que tienen un largo historial de vulneración de ese derecho". Ignacio Cembrero también pide a las autoridades españolas que alcen la voz ante lo que la APM condena como un intento de “amedrentar e intimidar al informador” y que el propio periodista reconoce como una respuesta al malestar que generan sus informaciones en torno a temas sensibles para el reino alauí.

Son varios los periodistas españoles que han tenido problemas por informar sobre Marruecos de un modo no complaciente para el régimen, como les ha ocurrido a Luis Navazo o Fernando Sanz Moreno, expulsados en 2017 tras transmitir las revueltas del Rif o la periodista asturiana Sonia Moreno, quien asegura haber sido espiada y presionada por los servicios marroquíes.

Nota editorial

     En el encuentro que mantuvimos para hablar de la libertad de prensa en Marruecos a raíz de la #UPR41MOROCCO, Edith Rodríguez, de Reporteros sin Fronteras, hablaba sobre la complejidad de trabajar en países “depredadores de la libertad de prensa”, ya que los periodistas tienen que hacer un difícil equilibrio entre no caer en la complacencia y evitar que la crítica pueda desembocar en un acoso, ostracismo laboral o, incluso, en la expulsión del país.

Desde SaharawisToday consideramos que hay que ser críticas con la labor de los periodistas, pero siempre siendo conscientes de las circunstancias especiales que periodistas como Ignacio Cembrero, Sonia Moreno, Javier Otazu y muchos otros, han tenido que equilibrar para poder trabajar y evitar, sí, que Marruecos se convirtiera en un agujero negro informativo.